Ciudad de México – Juan Carlos Mendoza, abogado del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, rechazó categóricamente las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el nuevo proceso federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), vinculado a proceso el pasado 14 de diciembre. En declaraciones a medios, Mendoza sostuvo que se trata de los mismos hechos por los que Duarte ya enfrenta juicio en el fuero estatal por peculado, lo que constituiría una violación al principio de non bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo hecho).
Según el defensor, el caso federal se centra en el presunto desvío de alrededor de 96 millones de pesos del erario estatal hacia la Unión Ganadera Regional División del Norte, recursos que luego habrían sido objeto de operaciones para ocultar su origen (73.9 millones según la FGR). “Es exactamente el mismo hecho: el desvío y ahora pretenden reclasificarlo como lavado. La jueza argumentó que son delitos distintos, pero nosotros sostenemos que es el mismo conducta”, explicó Mendoza.
El abogado anunció que impugnarán tanto el auto de vinculación a proceso como la prisión preventiva justificada impuesta, mediante juicios de amparo. “Es desproporcional; Duarte cumplía estrictamente medidas como brazalete electrónico y restricción de movilidad. Su cambio a prisión no obedece a riesgo real, sino a otros motivos”, afirmó.
Respecto al estado de salud del exmandatario, Mendoza indicó que es estable, aunque “intranquilo y contrariado por la situación”. “Está incomunicado en el Altiplano, pero hemos gestionado el ingreso de medicamentos y atención médica necesaria”, agregó. La última interacción presencial fue en la audiencia inicial, mientras que las subsiguientes han sido por videoconferencia.
El defensor desmintió rotundamente las versiones sobre un supuesto ofrecimiento de 10 millones de pesos para obtener beneficios procesales o libertad. “Son falsos; es una narrativa vieja impulsada por Javier Corral desde el fin de su gobierno, ahora repetida por el Ministerio Público. No hay sustento alguno”, enfatizó, recordando que la libertad condicional previa de Duarte se obtuvo exclusivamente mediante recursos jurídicos como amparos, tras más de tres años de litigio.
Mendoza consideró prematuro detallar testigos o pruebas que aportará la defensa, ya que están reorganizando el equipo y revisando la carpeta de investigación durante los seis meses de plazo complementario otorgados.
Este nuevo proceso federal surge tras la autorización de Estados Unidos (concedida el 4 de diciembre de 2025) para juzgar a Duarte por delitos adicionales a los de su extradición original en 2022. La defensa insiste en que no hay testigos protegidos relacionados con este caso específico y prepara una estrategia para demostrar la duplicidad de enjuiciamiento. El caso continúa en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.